El caso de «La Casa Gris», que involucra al hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, representa una de las contradicciones más notorias de un gobierno que se autoproclamó como el estandarte de la lucha contra la corrupción. Este escándalo, que mezcla contratos millonarios, influencias políticas y un estilo de vida opulento, pone en entredicho la congruencia de una administración que prometió gobernar con austeridad.
Un símbolo de la contradicción
El hijo del expresidente ocupó una lujosa residencia en Houston, Texas, propiedad de Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que en ese momento tenía contratos vigentes con Pemex. El día que José Ramón López Beltrán y su esposa se mudaron a esta casa, Pemex Procurement International (PPI) firmó un contrato con una filial de Baker Hughes. En los meses siguientes, se asignaron otros siete contratos que en total superaron los 20 millones de pesos.
A pesar de las negaciones iniciales, documentos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demostraron que Baker Hughes mantuvo relaciones comerciales con Pemex, incluyendo 11 contratos por más de 600 millones de pesos entre 2019 y 2021. Estos hechos plantean una pregunta inevitable: ¿fue esto coincidencia o un conflicto de interés descarado?
La opacidad como estrategia
El encubrimiento ha sido una constante en este caso. La presidenta de PPI, Carmelina Esquer, hija del secretario particular del presidente, negó inicialmente la existencia de los contratos. Solo tras la presión del Instituto Nacional de Transparencia, se entregaron algunos documentos, pero de forma incompleta y con información censurada. Este secretismo refleja una cultura de opacidad incompatible con los valores democráticos que el gobierno decía defender
La otra «Casa Gris» en Coyoacán
El patrón se repite en México, donde José Ramón López Beltrán residió en una casa vinculada a Guillermina Álvarez Cadena, asistente de la directora de La Jornada. Este periódico ha sido uno de los mayores beneficiarios de contratos publicitarios durante el sexenio de López Obrador, recibiendo más de 750 millones de pesos en tan solo cuatro años. La relación entre la residencia, los contratos y el claro favoritismo hacia este medio genera serias dudas sobre el uso de recursos públicos para beneficiar a aliados.
El discurso hipócrita de la austeridad
Uno de los pilares del discurso de López Obrador fue la austeridad republicana, que contrastaba radicalmente con las imágenes de opulencia asociadas a la élite política de sexenios pasados. Sin embargo, la vida de su hijo mayor, con casas de lujo en México y Estados Unidos, acceso a tratamientos médicos privilegiados durante la pandemia y vínculos con poderosos empresarios, demuestra lo contrario.
Mientras millones de mexicanos enfrentaban el impacto de la pandemia y las políticas de austeridad afectaban servicios esenciales, el hijo del presidente disfrutaba de un estilo de vida inaccesible para la mayoría. Este contraste no solo es indignante, sino que representa una traición a los valores que supuestamente guiaban a la llamada Cuarta Transformación.
Un llamado a la rendición de cuentas
«La Casa Gris» es más que un escándalo personal; es un síntoma de los problemas estructurales que persisten en la política mexicana. Los contratos otorgados a Baker Hughes y La Jornada, la opacidad en el manejo de información pública y los privilegios de una élite conectada demuestran que, lejos de erradicar la corrupción, esta ha evolucionado bajo nuevas formas.
El caso exige una investigación independiente y la rendición de cuentas no solo de los funcionarios involucrados, sino también del expresidente, quien no puede desmarcarse de los actos de su familia. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, ignorar este caso sería perpetuar un ciclo de impunidad que tanto daño ha causado.
El futuro de México depende de que se establezcan mecanismos efectivos para evitar que el poder se utilice para el beneficio privado. «La Casa Gris» no puede quedar en el olvido; debe ser un recordatorio constante de que la corrupción no tiene cabida en un verdadero estado democrático.